Recuperar territorio, organizar nuevas fuerzas, establecer despliegue y unificar a la sociedad contra el crimen organizado son los puntos centrales de la estrategia en contra del Crimen organizado en Baja California dijo en su discurso el Procurador General de la República Eduardo Medina Mora en la reunión sostenida este viernes en el Estado.
En este discurso, reconoce la problemática geográfica del estado, la diversidad de los crímenes que se cometen, la infiltración del narco en las corporaciones y las capturas de grandes capos realizadas por las autoridades de Administraciones Anteriores.
El discurso:
Baja California y muy especialmente Tijuana, son regiones geográficas de México en donde es más que evidente la necesidad de llevar a buen puerto la estrategia de seguridad y justicia que impulsa el Presidente Felipe Calderón con los poderes locales, para recuperar la paz, confianza y tranquilidad ciudadana.
Aquí, los daños causados por la delincuencia organizada al tejido social son amplios, profundos y llevan muchos años de duración.
Por diversos factores, entre ellos su situación geográfica y la dinámica fronteriza, esta región ha sido uno de los lugares preferidos para el trasiego ilegal de drogas, personas y armas.
Estos elementos fueron aprovechados para crear, en estas tierras, uno de los enclaves más importantes para el tráfico internacional de productos prohibidos.
La intimidación e impunidad, por violencia o corrupción, se fue asentando a lo largo de los años como método sistemático de operación para coptar y comprar voluntades individuales, infiltrarse en la sociedad y en corporaciones de seguridad y justicia, de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Para enfrentar esta problemática se vinieron impulsando líneas domésticas de seguridad y justicia, y una cooperación internacional muy intensa.
En julio del 2003, la colaboración binacional e intercambio de información jurídica y operativa entre la PGR y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la DEA y la Oficina de la Casa Blanca para las Políticas Nacionales contra las Drogas, permitió que en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, se radicaran dos indictments en contra de 12 personas de la organización Arellano Félix.
Gracias a esa colaboración, Benjamín Arellano Félix, Francisco Javier Arellano Félix, Jesús Labra Aviles, Ismael Higuera Guerrero, Efraín Guerrero, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yañez, Armando Martínez Duarte y Gustavo Rivera Martínez, están a disposición de la justicia de México o de los Estados Unidos; Ramón Arellano Félix murió y Manuel Aguirre Galindo, es un prófugo de la ley.
También fueron extraditados a Estados Unidos, ya bajo el Gobierno del Presidente Calderón, Gilberto Higuera, Ismael Higuera, y José Alberto Márquez Esqueda, líderes del grupo.
Esta desarticulación de la organización Arellano Félix, como bien lo sabemos todos, no ha sido aún lo completa y exitosa que todos queremos, y los mexicanos exigen.
Las células delictivas han involucionado dentro de la cadena criminal y, para seguir sufragando sus gastos de operación, han incursionado en secuestros y robos a mano armada.
La violencia causada por la disputa de territorios y la supremacía de unas células sobre otras, lo repito, no es signo de fortaleza sino una muestra evidente de los daños económicos, tácticos y logísticos causados por el rechazo social a la violencia, y la firme voluntad del Presidente Felipe Calderón en recuperar a Baja California de los estragos de la delincuencia.
Aquí, reiteramos una vez más los cuatro principios estratégicos que venimos siguiendo.
· Recuperemos territorios y fortalezcamos los gobiernos locales;
· Organicemos nuevas fuerzas estatales y municipales;
· Establezcamos un nuevo despliegue de fuerzas; y,
· Aseguremos la unidad de la sociedad en contra del crimen organizado.
Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran que vamos por la estrategia correcta.
El 1 de enero del 2007 arrancamos el Operativo Conjunto Tijuana.
16 meses después, al 29 de abril, continuamos desarticulando las bandas delictivas que operan en Baja California.
Bajo el Operativo, el Ministerio Público de la Federación ha iniciado 1,068 averiguaciones previas, consignando 326.
De 1,526 gentes detenidas y puestas a disposición por corporaciones policiales y elementos de las Fuerzas Armadas, el Fiscal de la Federación ha consignado a 499, obteniendo 258 autos de formal prisión y sujeción a proceso penal.
De estas acciones se desprende información diversa, que se traduce en inteligencia policial e investigación jurídica que, a su vez, facilitan el mapeo delictivo y la definición de objetivos.
Bajo esta mecánica, el Ministerio Público de la Federación ha obtenido de la autoridad judicial, en este período, 135 órdenes de cateo.
Este trabajo de coordinación ha permitido afectar, sistemáticamente, la capacidad para la generación de violencia del crimen organizado.
Se les han asegurado en estos 16 meses 339 armas largas y 492 cortas; 5,162 cargadores, de armas largas en su mayor parte; 165 mil cartuchos, 44 granadas y sitios de práctica de tiro.
También 52 kilogramos de cocaína; 39.5 toneladas de marihuana, 48.5 toneladas de semilla de mariguana; 66.4 kilos de heroína, casi el total de todo el país; 12.6 kilos de metanfetaminas.
Esta desarticulación de capacidades operativas y logísticas, estaría muy fragmentada y aislada si no viene acompañada de un esfuerzo similar en colaboración binacional.
En Baja California aplicamos un esquema de colaboración que refuerza la seguridad de la frontera común, y protege a los migrantes de bandas criminales que operan en la frontera.
El Programa Oassis articula acciones comunes en cada lado de la línea fronteriza para proteger a migrantes de traficantes de indocumentados y trata de personas, y mejorar la investigación y desarticulación de las organizaciones criminales que operan en esta frontera.
El Programa se inicio en Baja California, precisamente, y se extendió a Sonora y Chihuahua.
En Baja California se reportaron 570 casos y se consignaron 566; en Sonora se iniciaron 168 casos, consignados en su totalidad, y en Chihuahua se consignaron 91 de 94 casos.
Los resultados anteriores reflejan, sin duda, que estamos trabajando.
También reflejan, sin duda alguna, que existe voluntad política y un firme rechazo social hacia la presencia del crimen organizado.
La sociedad de Baja California, y muy especialmente la de Tijuana, perciben con claridad la urgencia de seguir profundizando en la limpieza de las instituciones afectadas.
Perciben, sin duda, que las autoridades de los tres niveles de gobierno tenemos un interés firme y genuino en la recuperación de los espacios, en el saneamiento de las corporaciones de seguridad y justicia y, sobre todo, en la convicción de luchar juntos en contra del crimen que afecta a los ciudadanos, a nuestras familias, amigos y vecinos, más allá de cualquier diferencia política.
Sabemos, y en Baja California también lo saben muy bien, que ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado mexicano, ni tampoco de aceptar el rechazo social.
En este discurso, reconoce la problemática geográfica del estado, la diversidad de los crímenes que se cometen, la infiltración del narco en las corporaciones y las capturas de grandes capos realizadas por las autoridades de Administraciones Anteriores.
El discurso:
Baja California y muy especialmente Tijuana, son regiones geográficas de México en donde es más que evidente la necesidad de llevar a buen puerto la estrategia de seguridad y justicia que impulsa el Presidente Felipe Calderón con los poderes locales, para recuperar la paz, confianza y tranquilidad ciudadana.
Aquí, los daños causados por la delincuencia organizada al tejido social son amplios, profundos y llevan muchos años de duración.
Por diversos factores, entre ellos su situación geográfica y la dinámica fronteriza, esta región ha sido uno de los lugares preferidos para el trasiego ilegal de drogas, personas y armas.
Estos elementos fueron aprovechados para crear, en estas tierras, uno de los enclaves más importantes para el tráfico internacional de productos prohibidos.
La intimidación e impunidad, por violencia o corrupción, se fue asentando a lo largo de los años como método sistemático de operación para coptar y comprar voluntades individuales, infiltrarse en la sociedad y en corporaciones de seguridad y justicia, de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Para enfrentar esta problemática se vinieron impulsando líneas domésticas de seguridad y justicia, y una cooperación internacional muy intensa.
En julio del 2003, la colaboración binacional e intercambio de información jurídica y operativa entre la PGR y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la DEA y la Oficina de la Casa Blanca para las Políticas Nacionales contra las Drogas, permitió que en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, se radicaran dos indictments en contra de 12 personas de la organización Arellano Félix.
Gracias a esa colaboración, Benjamín Arellano Félix, Francisco Javier Arellano Félix, Jesús Labra Aviles, Ismael Higuera Guerrero, Efraín Guerrero, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yañez, Armando Martínez Duarte y Gustavo Rivera Martínez, están a disposición de la justicia de México o de los Estados Unidos; Ramón Arellano Félix murió y Manuel Aguirre Galindo, es un prófugo de la ley.
También fueron extraditados a Estados Unidos, ya bajo el Gobierno del Presidente Calderón, Gilberto Higuera, Ismael Higuera, y José Alberto Márquez Esqueda, líderes del grupo.
Esta desarticulación de la organización Arellano Félix, como bien lo sabemos todos, no ha sido aún lo completa y exitosa que todos queremos, y los mexicanos exigen.
Las células delictivas han involucionado dentro de la cadena criminal y, para seguir sufragando sus gastos de operación, han incursionado en secuestros y robos a mano armada.
La violencia causada por la disputa de territorios y la supremacía de unas células sobre otras, lo repito, no es signo de fortaleza sino una muestra evidente de los daños económicos, tácticos y logísticos causados por el rechazo social a la violencia, y la firme voluntad del Presidente Felipe Calderón en recuperar a Baja California de los estragos de la delincuencia.
Aquí, reiteramos una vez más los cuatro principios estratégicos que venimos siguiendo.
· Recuperemos territorios y fortalezcamos los gobiernos locales;
· Organicemos nuevas fuerzas estatales y municipales;
· Establezcamos un nuevo despliegue de fuerzas; y,
· Aseguremos la unidad de la sociedad en contra del crimen organizado.
Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran que vamos por la estrategia correcta.
El 1 de enero del 2007 arrancamos el Operativo Conjunto Tijuana.
16 meses después, al 29 de abril, continuamos desarticulando las bandas delictivas que operan en Baja California.
Bajo el Operativo, el Ministerio Público de la Federación ha iniciado 1,068 averiguaciones previas, consignando 326.
De 1,526 gentes detenidas y puestas a disposición por corporaciones policiales y elementos de las Fuerzas Armadas, el Fiscal de la Federación ha consignado a 499, obteniendo 258 autos de formal prisión y sujeción a proceso penal.
De estas acciones se desprende información diversa, que se traduce en inteligencia policial e investigación jurídica que, a su vez, facilitan el mapeo delictivo y la definición de objetivos.
Bajo esta mecánica, el Ministerio Público de la Federación ha obtenido de la autoridad judicial, en este período, 135 órdenes de cateo.
Este trabajo de coordinación ha permitido afectar, sistemáticamente, la capacidad para la generación de violencia del crimen organizado.
Se les han asegurado en estos 16 meses 339 armas largas y 492 cortas; 5,162 cargadores, de armas largas en su mayor parte; 165 mil cartuchos, 44 granadas y sitios de práctica de tiro.
También 52 kilogramos de cocaína; 39.5 toneladas de marihuana, 48.5 toneladas de semilla de mariguana; 66.4 kilos de heroína, casi el total de todo el país; 12.6 kilos de metanfetaminas.
Esta desarticulación de capacidades operativas y logísticas, estaría muy fragmentada y aislada si no viene acompañada de un esfuerzo similar en colaboración binacional.
En Baja California aplicamos un esquema de colaboración que refuerza la seguridad de la frontera común, y protege a los migrantes de bandas criminales que operan en la frontera.
El Programa Oassis articula acciones comunes en cada lado de la línea fronteriza para proteger a migrantes de traficantes de indocumentados y trata de personas, y mejorar la investigación y desarticulación de las organizaciones criminales que operan en esta frontera.
El Programa se inicio en Baja California, precisamente, y se extendió a Sonora y Chihuahua.
En Baja California se reportaron 570 casos y se consignaron 566; en Sonora se iniciaron 168 casos, consignados en su totalidad, y en Chihuahua se consignaron 91 de 94 casos.
Los resultados anteriores reflejan, sin duda, que estamos trabajando.
También reflejan, sin duda alguna, que existe voluntad política y un firme rechazo social hacia la presencia del crimen organizado.
La sociedad de Baja California, y muy especialmente la de Tijuana, perciben con claridad la urgencia de seguir profundizando en la limpieza de las instituciones afectadas.
Perciben, sin duda, que las autoridades de los tres niveles de gobierno tenemos un interés firme y genuino en la recuperación de los espacios, en el saneamiento de las corporaciones de seguridad y justicia y, sobre todo, en la convicción de luchar juntos en contra del crimen que afecta a los ciudadanos, a nuestras familias, amigos y vecinos, más allá de cualquier diferencia política.
Sabemos, y en Baja California también lo saben muy bien, que ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado mexicano, ni tampoco de aceptar el rechazo social.
fuente: ensenada.net
