En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, cuatro secretarios de Estado y el procurador general de la República sesionarán en esta frontera para diseñar estrategias encaminadas a resolver la crisis de criminalidad que azota la entidad.
El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde decenas de militares y elementos de la Policía Federal tendieron un cerco para evitar el ingreso de quienes no hayan sido invitados o no presenten una credencial de prensa.
Las actividades deportivas del recinto fueron suspendidas desde las primeras horas de este viernes, en tanto el personal de seguridad colocó dispositivos y filtros para controlar la entrada de los participantes e invitados.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encabezará el evento, junto con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna; Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional; Mariano Francisco Saynez Mendoza, de Marina, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Asistirán el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán; los cinco alcaldes de la entidad, empresarios y representantes de la sociedad.
En los últimos meses, Tijuana ha sido escenario de balaceras entre sicarios; ejecuciones de policías y sus parientes; múltiples secuestros que han provocado la huida de cientos de familias enteras; despido masivo de agentes policíacos que tienen nexos con el crimen organizado, y un creciente índice de todo tipo de delitos.
Además, el procurador de Justicia del estado, Rommel Moreno Manjarrez, fue increpado y exhibido en público por el comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, por no hacer nada por combatir la infiltración del narcotráfico al interior de la Policía Ministerial.
La visita de Estado se dará en el marco de una ola de indignación social que provocó el testimonio público de una familia que sufrió el secuestro de uno de sus integrantes, quien no ha regresado a pesar de que pagaron su rescate en dos ocasiones.
En la "sala" de comentarios electrónicos se recibieron propuestas de la población para tomar la justicia en sus manos, instaron a adquirir armas para enfrentar a los delincuentes "ante la incapacidad y la corrupción de las autoridades que se vincula con los criminales", pidieron la pena de muerte para secuestradores, y hacer paros de actividades en protesta por la situación.
El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde decenas de militares y elementos de la Policía Federal tendieron un cerco para evitar el ingreso de quienes no hayan sido invitados o no presenten una credencial de prensa.
Las actividades deportivas del recinto fueron suspendidas desde las primeras horas de este viernes, en tanto el personal de seguridad colocó dispositivos y filtros para controlar la entrada de los participantes e invitados.
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encabezará el evento, junto con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna; Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional; Mariano Francisco Saynez Mendoza, de Marina, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.
Asistirán el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán; los cinco alcaldes de la entidad, empresarios y representantes de la sociedad.
En los últimos meses, Tijuana ha sido escenario de balaceras entre sicarios; ejecuciones de policías y sus parientes; múltiples secuestros que han provocado la huida de cientos de familias enteras; despido masivo de agentes policíacos que tienen nexos con el crimen organizado, y un creciente índice de todo tipo de delitos.
Además, el procurador de Justicia del estado, Rommel Moreno Manjarrez, fue increpado y exhibido en público por el comandante de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, por no hacer nada por combatir la infiltración del narcotráfico al interior de la Policía Ministerial.
La visita de Estado se dará en el marco de una ola de indignación social que provocó el testimonio público de una familia que sufrió el secuestro de uno de sus integrantes, quien no ha regresado a pesar de que pagaron su rescate en dos ocasiones.
En la "sala" de comentarios electrónicos se recibieron propuestas de la población para tomar la justicia en sus manos, instaron a adquirir armas para enfrentar a los delincuentes "ante la incapacidad y la corrupción de las autoridades que se vincula con los criminales", pidieron la pena de muerte para secuestradores, y hacer paros de actividades en protesta por la situación.
fuente: eluniversal.com.mx
